Denunciaron otros desalojos de indígenas en Tucumán

Empezaron el mes pasado, pese a que una ley nacional los suspendió por 4 años.

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ENFRENTAMIENTO. ABORIGENES Y POLICIAS, EN UNO DE LOS OPERATIVOS QUE ARRANCARON EN SEPTIEMBRE EN LA PROVINCIA. EN TUCUMAN HAY 17 COMUNIDADES ORIGINARIAS, CON UNA POBLACION APROXIMADA DE 16.000 PERSONAS.

Los pueblos originarios de Tucumán denunciaron que, por avances de terratenientes y comerciantes, sufrieron varios desalojos judiciales desde septiembre, en violación a la ley que suspende la desocupación de sus tierras. Esta escalada culminó, justo el 12 de octubre, con el asesinato de un comunero de Chuschagasta (departamento de Trancas), y heridas de bala a otros tres, por parte de un terrateniente y dos ex policías.

En Tucumán hay 17 comunidades aborígenes (unas 16.000 personas): 16 de origen diaguita, en el oeste y el norte; y una de la etnia lule, en el departamento de Lules (centro). "Todas tienen personería jurídica y están inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas", señaló a Clarín Valentina García Salemi, de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Pero sólo la de Amaicha del Valle, tiene título de propiedad comunitaria.

Hace tres años se sancionó la ley nacional 26.160, que suspende por cuatro años la ejecución de sentencias o actos administrativos cuyo fin sea el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. En forma complementaria, hace dos años se creó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que ha hecho escasos progresos en todo el país.

En Tucumán se puso en marcha hace un mes y medio, con la participación del gobierno y de la Universidad Nacional de Tucumán. En paralelo se iniciaron los desalojos. El 17 de septiembre, 80 policías echaron a 40 familias de la comunidad de Colalao del Valle, destruyeron sus enseres y soltaron a sus animales, por orden del juez de paz Adolfo Salazar, que entregó esas tierras a Aráoz Hnos. SA.

El 22 de setiembre, la jueza Mirta Lenis de Vera, a pedido de un terrateniente de apellido Carro, dictó el desalojo de la comunidad de El Nogalito, frenado por ANDHES. "El 7 de octubre, sin mostrar orden judicial, atropellaron a nueve familias -contó Margarita Mamani, de El Mollar-. Tenemos miedo de que vuelva a correr sangre".

Para Jorge Aimaro, delegado del INAI en la provincia, el homicidio del lunes fue "un ataque preparado con el objetivo de descabezar a la Comunidad Indígena Chuschagasta", de la que Javier Chocobar era vocal primero. Los tres detenidos, agregó, "llevaron cuatro armas cortas y una larga, de las cuales tres fueron secuestradas por la Fiscalía". w

INFORME: RUBEN ELSINGER, TUCUMAN

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